LUIS BRITTO GARCÍA
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Conmoción causan las cifras estimadas de los
principales casos de corrupción administrativa de este siglo; mayor estupor
provoca su repetición. Según el refrán, lo malo no es tanto lo fuerte, sino lo seguido.
Advertíamos que para evitar la infinita repetición de latrocinios contra la
República es preciso 1) Identificar
perpetradores 2) Definir las herramientas que hacen posible su delito 3)
Arrebatárselas.
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Vamos con lo primero. Vista la desaparición de GIS XXI
hacia 2013, recurrimos a la Encuesta de PsicoData 2023, de la Escuela de Psicología
de la UCAB (https://psicologia.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2023/02/PsicoData_compressed.pdf).
No se declara la composición social de la muestra, la cual informa que ante la situación que atraviesa el
país actualmente, 90% siente preocupación, 40%
dice que con frecuencia su ánimo se ha ido deteriorando siendo esto más
frecuente en las mujeres (45,7%). 73% le entristece pensar en el futuro del
país. 79% le da rabia saber la situación a la que hemos llegado como nación,
42% siente que lo que pasa
en su vida está muy determinado por la gente que tiene poder. PsicoData
no incluyó preguntas para determinar si los encuestados atribuyen sus respuestas negativas al bloqueo; 42% las
vincula con “la gente que tiene poder”. La supervivencia política de esta última
depende de actos que mejoren esa percepción de la ciudadanía.
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El PSUV –que, por cierto, nace de un proceso de
depuración a partir del MVR- hasta ahora ha conquistado todos sus triunfos gracias a la contundente fisonomía política definida en sus
Estatutos. El articulo 2 de éstos
proclama que: “El propósito fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es la construcción del Socialismo Bolivariano, la lucha antiimperialista,
anticapitalista y la consolidación de la democracia bolivariana,
participativa y protagónica, mediante el reconocimiento y fortalecimiento del
Poder Popular”. El artículo 3 añade que el PSUV “toma los principios del socialismo científico”, el 4, que “como
partido revolucionario, representa los intereses
del proletariado urbano y
rural, del campesinado y los demás sectores sociales explotados.”(cursivas
nuestras). La mayoría de la militancia
es gente honrada que mantiene el carácter socialista, nacionalista y
antiimperialista de la organización. Para perdurar, depurar: apartar todo lo que la aleje de su espíritu, propósito
y razón de ser.
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No soy quien para instruir a la militancia en tal
tarea, pero puedo sugerir pistas. No es nacionalista, -digo yo, que no soy
político profesional- disponer que los bienes de la Nación han de ser
masivamente subastados en secreto inaplicando Constitución, Leyes y Reglamentos,
para depositar lo cobrado en fondos
asimismo secretos y de manejo discrecional, distintos del Tesoro Nacional. No
parece antiimperialista, digamos, conceder a capitales extranjeros la
explotación de recursos naturales, productivos, comunicacionales, turísticos y
estratégicos, con privilegios tales como
la inmunidad a los impuestos y tribunales del país, de los que no gozan los venezolanos.
No suena a defensa de intereses del proletariado urbano y rural, campesinado y
demás sectores explotados, permitir que éstos
ganen salarios mínimos por debajo del
nivel de subsistencia, y laborando en
Zonas Económicas Especiales donde no rigen derechos sociales ni sindicales. Tampoco
es saludable eliminar el control de cambios, y entregar cuanto dólar entre
mediante subastas en las cuales sólo pueden participar la burguesía y afines. Lo
advierto porque tales políticas son partidas de defunción de dirigentes y
partidos populares. Su aplicación suscitó la sublevación del 27 de febrero de
1989, el derrumbe de Acción Democrática y la prisión del Presidente Pérez. Partido
que quiera sobrevivir debería rechazarlas y excluir o neutralizar a sus
defensores.
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La ocasión hace al ladrón; creemos las herramientas
legales eficaces para eliminar tantas tentaciones. Durante su primer mandato,
Caldera sancionó normas que arrebataron a la Contraloría General de la
República el control previo, y redujeron el control ´posterior a un muestreo.
La vigente Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República le atribuye amplias facultades para el ejercicio del
control previo, concomitante y posterior en todos los entes públicos o que
manejen bienes o intereses públicos. Persisten,
sin embargo, peligrosas rendijas. Según su artículo 59, si en cinco años no han
sido objetadas, “El fenecimiento
de las cuentas operará de pleno derecho”, es decir, se las considerará
automáticamente aprobadas. Así, el mero retardo premia a los posibles
infractores con la impunidad. Por otra parte, según el Artículo 61 ejusdem el control de la gestión, acaso
el más importante, pues versa sobre el cumplimiento de las metas para las
cuales se presupuestaron los gastos, es
enteramente discrecional. Y la
mayoría de los entes supervisados no han desarrollado mecanismos de control del
cumplimiento de metas. Así, podría
recibir certificado de buen desempeño un administrador que no haya cumplido
nada. Además, la Contraloría General puede dar por buenos en forma genérica los
resultados que arrojen las contralorías internas, muchas veces mediatizadas por
el órgano controlado.
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Se alega que no es posible
profundizar el control porque requeriría mucho papeleo. Sin embargo, la informática
permite hoy en día realizar en tiempo real el control previo, concomitante y posterior de precios
justos y razonables, gastos, bienes e ingresos, conformidad presupuestaria y
gestión, de absolutamente todas las
operaciones financieras de todo el
sector público y de sus bienes. Por ejemplo, la Tecnología de
Administración de Precios (TAP) propuesta por el ingeniero Rafic Derjani, requeriría
de una planificación centralizada,
que operaría con dos condiciones:1)
Dinero digital soberano (emitido y
controlado por el Banco Central de Venezuela y 2) Sistema universal, único y
centralizado de contabilidad digital.
El primer supuesto está ya cumplido con la virtual desaparición del dinero
físico: transacciones públicas y privadas operan en su mayoría en moneda
digital. El segundo se impone por su lógica: no se pueden llevar cuentas con
sistemas contradictorios.
Así como no se puede
lograr la honradez con sistemas que propicien el pillaje.
